El Gobierno redefine el dominio público marítimo-terrestre: qué implica para la costa catalana
El pasado 18 de julio, el Gobierno aprobó una modificación del Reglamento General de Costas que cambia radicalmente el criterio para delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DPMT). A partir de ahora, ese límite ya no se calculará con el promedio del alcance de las olas de los cinco mayores temporales registrados, como se venía haciendo, sino con la línea alcanzada por el temporal más extremo. En la práctica, esto amplía la franja de dominio público en buena parte del litoral español, incluido el catalán.
Un cambio con efectos directos sobre el territorio
La reforma llega integrada en un real decreto centrado en la gestión del riesgo de inundación, y el Ejecutivo la justifica como una adaptación necesaria a un escenario de temporales cada vez más intensos por el cambio climático. El nuevo criterio afecta de forma especialmente sensible a viviendas, negocios e infraestructuras situados en primera línea de costa o sobre sistemas dunares, que podrían quedar total o parcialmente dentro del nuevo límite del DPMT, con las restricciones urbanísticas y de uso que eso conlleva.
No es un cambio menor para quienes trabajamos en el ámbito de la gestión costera: cualquier proyecto, informe ambiental o solicitud de ocupación de DPMT en tramitación o previsto para zonas de costa deberá tener en cuenta esta nueva delimitación, que puede alterar de forma significativa la superficie de actuación disponible y los condicionantes legales aplicables.
El debate técnico: ¿es la erosión un problema de olas o de sedimentos?
La medida no está exenta de controversia técnica. Especialistas en ingeniería costera han señalado que centrar la respuesta en el criterio de delimitación no aborda la causa principal de la erosión litoral: la drástica reducción del aporte natural de sedimentos a las playas, provocada por la regulación de ríos y la construcción de presas. Según esta visión, recuperar el transporte natural de arena hacia la costa reduciría el riesgo de erosión de forma mucho más eficaz que redibujar líneas administrativas, aunque ambas estrategias no son excluyentes.
Este debate conecta directamente con uno de los diagnósticos que arrastra el litoral catalán desde hace décadas: la interrupción del transporte de arena por la construcción de puertos, la ocupación de dunas y la reducción de aportes sólidos por la urbanización y los embalses, procesos que el cambio climático no hace más que intensificar.
Catalunya, entre la norma estatal y su propia estrategia litoral
El nuevo reglamento estatal se suma a un momento de intensa actividad normativa sobre el litoral catalán. Como ya contamos en nuestra anterior noticia sobre el futuro del litoral català, la Generalitat trabaja junto con los municipios afectados en un plan de rediseño de la costa —vinculado al Pla de Protecció i Ordenació del Litoral (PPOL)— que busca reducir los riesgos naturales, recuperar ecosistemas y paisajes degradados, y compatibilizar el desarrollo económico con la conservación, con revisiones previstas cada diez años.
Con esta reforma del Reglamento de Costas, el litoral catalán queda así sujeto a un doble frente normativo: el marco estatal, que redefine dónde empieza y termina el dominio público, y la planificación autonómica, que define cómo se gestiona ese territorio a largo plazo. Para consultoras, administraciones locales y promotores con intereses en la franja costera, entender la interacción entre ambos marcos será clave en los próximos meses.
¿Tienes un proyecto en zona de costa y no sabes cómo te afecta la nueva delimitación del dominio público? Contacta con nuestro equipo para valorar tu caso.
